La politica ambiental del PSOE en Canarias
La llegada al poder de los socialistas despertó grandes ilusiones entre las personas y asociaciones vinculadas a la conservación del medioambiente, esperanzas de cambio que estaban depositadas en la gestión de Cristina Narbona en el Ministerio. Las proclamas electorales de los socialistas resaltaban su compromiso con una gestión transparente y una administración de los asuntos públicos coherente con sus promesas electorales. A esto se añadía el compromiso de la ministra, cuando todavía estaba en la oposición, de hacer cumplir la legislación ambiental, en concreto, en el caso del proyecto de puerto en Granadilla.A los dos años, todo ha quedado en aguas de borrajas, el Ministerio se ha convertido en un grupo de presión a favor de la construcción del puerto, y en un incumplidor de las normas fundamentales del Estado de Derecho, entre ellas la propia Constitución.
Así lo sentenció la Audiencia Nacional en fecha 16 de febrero del 2006, condenando al Ministerio de Medio Ambiente y al Gobierno de Canarias por vulnerar el artículo 29.1 de la Constitución española al omitir "toda respuesta por parte del Ministerio de Medio a la petición dirigida por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza" (ATAN) relativa a los incumplimientos en la legislación ambiental en el proyecto de puerto de Granadilla.
Si el Ministerio de Medio Ambiente no se ha cortado saltarse un derecho constitucional, menos le ha importado utilizar la Ley de Costas para beneficiar negocios inmobiliarios. Así, mientras en algunos lugares de la isla se propone derribar edificaciones que usurpan el dominio público marítimo terrestre, en otros, como ocurre en la playa de Las Teresitas, colabora cediendo gran parte de este bien público -sin importar que la Constitución los considere inalienables- para facilitar el gran pelotazo de los terrenos ganados al mar.El ministro de Justicia, el canario Juan Fernando López Aguilar, el mismo que denunciaba cuando estaba en la oposición el grave problema de la corrupción en Canarias, se ha convertido en el tácito cómplice de una lucrativa especulación inmobiliaria promovida por Coalición Canaria. ¿Por qué el ministro de Justicia no insta al Fiscal General para que se investigue este atentado al Estado de Derecho?
Los socialistas canarios juegan el papel de colaboradores necesarios: sus concejales en Santa Cruz de Tenerife votaron a favor de la adquisición del frente de playa de Las Teresitas por 52,5 millones de euros (8.750 millones de pesetas) en la anterior legislatura; ahora, no quieren apoyar la petición de un pleno del ayuntamiento para aclarar esta compra, y mantienen un absoluto silencio sobre las propuestas de deslinde marítimo.
Tampoco tienen nada que decir sobre la flagrante contradicción entre lo prescrito por la Ley de Costas en su artículo 11.5, que suspende todas las concesiones y autorizaciones hasta que se realice el deslinde, y el anunciado comienzo de las obras en Las Teresitas. Pero ¿cómo van a cuestionar la legalidad de las decisiones del ayuntamiento cuando el propio Ministerio también ha aprobado y presupuestado obras en la playa?
La Dirección General de Costas, en su propuesta de deslinde, contradice frontalmente lo establecido por la Ley y sus objetivos: "Se ha considerado conveniente eliminar la posibilidad de adquirir la propiedad de los terrenos ganados al mar o de cualquier otra porción del dominio público como consecuencia de la realización de obras, ya que estas actuaciones proporcionan frecuentemente cobertura a operaciones de especulación inmobiliaria, y en todo caso van detrimento del dominio público".
Estos comportamientos y actuaciones dejan bien claro que una cosa el predicar y otra dar trigo, que los socialistas prometen y no cumplen. Lo que sí saben hacer muy bien es negar la información a los ciudadanos y ocultar sus propias corruptelas.
Dicho por:
Villalba Moreno es portavoz de Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN).
5 comentarios:
Buenos y demócratas días.
No sé cómo se lo montan los del Psoe pero en todos los fregados económicos están ellos. El tema de Las Teresitas efectivamente fue respaldado por los concejales socialistas. Mal tema que empezó con Roldán y no ha terminado.
Ah, llevo gafas porque soy ciego. Me lo preeguntó Elena en la callle y se lo digo.
Ojo con la generalización, siempre es mala compañera.
Antonio lo de las gafas, no es que seas ciego, quizás tímido; ver los ojos de los demás es fundamental para saber que tipo de gente es, tú mismo
El Financial Times alemán se interroga por la irracionalidad y la arbitrariedad en la aplicación de la Ley de Costas española y pone a Cho Vito como ejemplo gráfico
02 - 11 - 08
La caída de Cho Vito, por lo que significa de arbitrariedad vergonzosa y acaso por las formas, está teniendo una repercusión que le podría traer más de un disgusto a España en el caso de que algún organismo internacional, con la 'justicia' de la que 'disfrutamos' aquí eso es imposible, se dedique al análisis de lo que la forma en la que se está aplicando la Ley de Costas representa en cuanto al respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos la propiedad privada o a la vivienda y, sobre todo, el carácter arbitrario por el que unos señores ponen un deslinde por aquí, se separan del otro por allá o a éste le tiran su humilde vivienda (que no dificulta el acceso de nadie al mar) mientras al otro le perdonan la impresionante piscina privada que cierra el acceso a la costa a todo el mundo. Entre ellos al Rey y a Zapatero que tienen una mansión de estas características en Lanzarote.
Y es que esto de la aplicación de la Ley de Costas no es como lo de las multas de tráfico, que en la mayoría de los casos cogen al que iba a 90, por donde sólo se podía circular a 80, pero se les escapan la mayoría de los que van a 160. Esto es distinto, y más con el Google Maps u otras herramientas accesibles al conjunto de los ciudadanos, además de la simple observación directa, que hace innecesario el uso de la cinta métrica para ver la discrecionalidad o la indecencia con la que estos individuos están actuando.
Internacionalmente, y como quiera que muchos ciudadanos europeos están afectados también en sus derechos, el asunto está tomando cada día mayor repercusión. Y acaso, lamentablemente, va a ser la presión internacional la que consiga que se abra una investigación de alto alcance que definitivamente ponga las cartas boca arriba y descubra el verdadero chanchullo, o gigantesco pelotazo, que se está generando con la vergonzosa y escandalosa manera de aplicar las leyes que estamos padeciendo en este país nuestro que pareciera de ellos. Y está claro, dado que las evidencias son hirientes para cualquier persona de bien, que más tarde o más temprano a alguien no le va a quedar otro remedio que destapar esta gran mentira que consiste, generalmente, en machacar al que menos recursos tiene mientras a los otros se les construyen playas artificiales, como ocurre en Candelaria también.
simplemente para no generalizar-
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